Indígnate, México

A pesar de que pueda parece un típico gruñón inconforme, tiendo a pecar de optimista. Es decir, tiendo a esperar siempre lo mejor, o de a perdido lo menos peor, de cada situación. A veces, hasta me hago ilusiones. Así, les aseguro que cuando el PRI ganó las elecciones el año pasado, aunque estuve triste, cabizbajo y emputado, no creí que las cosas fueran a estar TAN mal como lo están este año que termina. No imaginé que en sólo un año de priismo de vuelta en los pinos nos fuera a joder tanto.

Este día les traigo bastante información, obtenida de diversos medios, sobre la situación actual de nuestro país, para que vean que lo mío no es alarmismo ni exageraciones, y que no se trata de cosas que no vayan a afectarlo a usted en su vida cotidiana, ni que pueda salvarse de esto sólo "trabajando duro, goe, porque tu futuro lo construyes tú mismo".

En Internet, en radio y televisión se pueden encontrar expresiones que ridiculizan o satanizan a quienes son críticos de la situación actual, calificándolos como revoltosos, conflictivos, gente que nunca está de acuerdo con nada, o que no tiene nada mejor que hacer, manipulados por el Peje y demás. Lo que se evita abordar mediante la ridiculización de quien critica o protesta son las causas del descontento. Las críticas van siempre en contra de los que se quejan, caricaturizándoles y enfocándose en sus desaciertos o incongruencias, pero nunca se analiza ni se invita a conocer qué es lo que hay detrás de esas expresiones de descontento.

Y es que, como dije en una entrada reciente, uno puede simpatizar o no con las causas, objetivos y medios de un movimiento social de protesta; se puede argumentar que sus diagnósticos de la problemática nacional son erróneos, que sus soluciones propuestas no van a traer nada bueno, o que sus métodos no van a llevar a los resultados esperados. Pero hay que reconocer que el descontento social no surge de la nada. Los factores que tienen a tantas personas frustradas, indignadas, incluso furiosas, ahí están, y no se irán sólo por decir que esas personas están idiotas.

Vamos entonces a checar esas causas del descontento, sin llamamientos a las armas, ni convocatorias a movimientos ni nada por el estilo. Sólo les voy a poner información y uno que otro comentario mío, para que ustedes mismos juzguen. Mis fuentes son medios de comunicación diversos, serios y confiables, de prestigio nacional y a veces internacional, y analistas políticos de primera línea; nada de oscuros y arrinconados sitios "alternativos" o conspiranoicos, para que vean que no me estoy inventando nada ni haciendo campañas a favor de nadie. Eso sí, no prometo quedarme pasivo porque lo que está pasando en mi país me emputa, y creo que debería emputar a cualquier con tantita ética y consciencia social. Pero ése soy yo.

Economía

Empecemos por la información económica, ya que muchas veces a los mexicanos les puede valer dos kilos de pepino que se violen los derechos humanos, o que se viole la soberanía nacional, o se socave la democracia, o que se maten otras personas, siempre y cuando sea lejos y no afecte a nadie que conozcan; pero si se dan cuenta de que sus salarios ya no les alcanzan igual para hacer el súper o llenar el tanque de gasolina, entonces empiezan a ponerse nerviosos.

El crecimiento económico del país está para llorar. Sólo en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto las estimaciones sobre la perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido reducida en por lo menos cuatro ocasiones. Las primeras proyecciones pronosticaban un crecimiento del 3.9%; después, del 3.5; más tarde bajó a 1.8, 1.7 y actualmente las proyecciones sobre el crecimiento económico de nuestro país pronostican un 1.3% [leer aquí]. Para tener una idea, en 2007, año en que entró Felipe Calderón a la presidencia, el PIB creció un 5.2%; y en 2012, el último año de Calderón, creció un 3.8%; eso contando que con la crisis mundial de 2009 hubo un decrecimiento del 6.0% [datos aquí]. El gobierno actual, desde luego, se justifica culpando a la situación internacional.

Además, México se ha convertido en el único país de América Latina en el que creció la pobreza, nos dice el informe del Panorama Social de América Latina de la CEPAL [leer aquí]:

México es el único país con información disponible a 2012 donde los indicadores de pobreza aumentaron, pero las variaciones son de pequeña magnitud (del 36,3% al 37,1% en el caso de la pobreza y del 13,3% al 14,2% en el caso de la pobreza extrema).

El mismo texto explica esta cifra: alrededor de un millón de personas adicionales fueron contabilizadas como pobres. Mientras, en otros países de la región la tendencia es a la disminución de la pobreza. No sólo no estamos creciendo, sino que las cosas van de mal en peor. Y antes de que quieran achacar esta falta de crecimiento exclusivamente a la proverbial huevonería de los mexicanos, tengan en cuenta que en este país los trabajadores laboran 519 horas más al año que un trabajador estadounidense, y gana menos de una quinta parte que éste [números aquí]. Menos poder adquisitivo significa menos consumo, lo que significa menos ingresos, menos producción, menos empleos, y así en un círculo vicioso. Y la pobreza, desde luego, genera crimen y otros problemas sociales. Éste es el panorama mexicano en cuanto a economía, lo que debería ser suficiente para indignarnos, pero aún hay más.

Inseguridad y violencia

México no reconoce que esté ocurriendo una guerra en su territorio y desde que Peña Nieto asumió a la presidencia ha habido un muy notable descenso en la cobertura de la violencia producto del crimen organizado, como detectó el Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia [ver aquí]. El gobierno priista quiere que se hable lo menos del asunto, pues fue precisamente la malhadada guerra contra el narco lo que costó la presidencia al PAN. Sin embargo, en 2013, México se convirtió en el segundo país con mayor número de muertes violentas de civiles: 9 mil. El primer lugar lo tuvo Siria (55 mil), y justo por debajo de nosotros está Afganistán (7 mil 500) [ver aquí y aquí]. 

Más aún, en este primer año del gobierno de Peña Nieto el 10% del territorio nacional ha quedado en lo que se considera "Estado fallido", es decir, donde no hay ley ni orden, el gobierno ha perdido el monopolio de la violencia, la ciudadanía no cuenta con las autoridades para proteger sus vidas y sus propiedades y los criminales son los gobernantes de facto. Grupos del crimen organizado se disputan los territorios entre sí y con las fuerzas armadas [más info aquí].

Ante este escenario no es de extrañarnos el surgimiento de milicias armadas de civiles, también llamadas "grupos de autodefensa" que, sin autoridades que los defiendan, han optado por defenderse a sí mismos mediante las armas [más info aquí]. Por supuesto que no celebro este hecho, la situación es lamentable, pues se trata de grupos armados que no responden sino a sí mismos y no hay forma de regular sus acciones. Pero tampoco se puede esperar que las personas que viven en ese medio de violencia y caos se queden quietecitos y obedientes de leyes que les exigen cumplir pero que no los defienden, mientras grupos criminales hacen y deshacen a su antojo sin nadie que les ponga un alto. Si el Estado los ha abandonado, tienen el derecho a defenderse por sí mismos. Esto no deja de ser deplorable, pues contribuye al crecimiento de la violencia, pero no es más que el resultado de la incompetencia y corrupción del gobierno. Así, tampoco deberá sorprendernos que de pronto esos grupos pasen de la autodefensa a una guerrilla declarada contra el gobierno, como sucedió muy recientemente en el estado de Guerrero [leer aquí].

Corrupción e impunidad

En la Ciudad de México, el martes 17 de diciembre Yikari Rubí Rubio fue raptada por dos individuos que la llevaron a un motel y abusaron sexualmente de ella; luego intentaron matarla, pero ella logró herir de muerte a uno de los agresores y escapar para notificar a la policía. Ahora ella es juzgada por homicidio en un proceso en el que ha habido muchas irregularidades. Al encargado del motel y a los agresores se les trata como víctimas, mientras Yakiri está en la cárcel, con todo y que la Procuraduría de Justicia del DF ya reconoció que la muchacha sí sufrió violación [amplia información aquí, aquí, aquí y aquí] ¿Por qué? ¿A quién están protegiendo las autoridades? ¿Hemos llegado al punto en el hasta un par de criminales de poca monta reciben más protección que sus víctimas? Y éste es sólo un ejemplo, un caso de muchos que habla de la situación en nuestro país: misoginia, violencia, inseguridad, corrupción e impunidad.

Según el informe de 2013 de la ONG Transparencia Internacional, México es uno de los países más corruptos de América Latina, y uno en el que las prácticas de corrupción han ido creciendo [leer informe completo aquí]. La corrupción de altos funcionarios en México es tan notoria y conspicua que la revista Forbes ha emitido una lista de los 10 mexicanos más corruptos: Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Raúl Salinas de Gortari, Genaro García Luna, Andrés Granier, Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Arturo Montiel, entre otros [ver lista completa y comentarios]. De todos ellos, sólo Gordillo está en prisión (Granier está siendo investigado), y todos ellos, con excepción de García Luna y Alejandra Sota, forman parte del PRI y están vinculados con y son protegidos por el actual régimen, de modo que no veofactible que lleguen a ser castigados, a menos que el mismo régimen decida sacrificarlos si la atención negativa en ellos los vuelve incómodos.

A ver si este artículo, elaborado por una mexicana en un medio extranjero, consigue llamar la atención de los mexicanos sobre el problema de la corrupción en general y de los personajes enlistados en particular, pues hace tiempo que en diversos medios nacionales se ha venido señalado a esos mismos personajes, pero las autoridades simplemente no hacen nada al respecto. Poco antes de la lista de Forbes, Sin Embargo publicó una lista de los 10 casos de impunidad más emblemáticos en la historia reciente de México, que incluye la matanza de Acteal, el asesinato de Digna Ochoa y el incendio de la Guardería ABC, y a tres de los ilustres personajes que están también en la lista de Forbes: Genaro García Luna, Raúl Salinas de Gortari y Carlos Romero Deschamps [ver artículo completo].

Entonces, mi amigo mexicano, en un clima de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad tales, ¿crees que será suficiente con "trabajar duro" en tu chamba, con sólo esforzarte todos los días, y no quejarte y no estar anhelando la llegada del fin de semana? ¿Cuando una persona es víctima de un delito y las autoridades no hacen nada para ayudarla; o cuando una persona se encuentra en el fuego cruzado entre dos bandas armadas, o llegan los narcos a cobrarle derecho de piso, es porque no trabajó lo suficiente, porque no se mantuvo "pensando positivo"?

Adiós a la democracia

Entre mayo y julio de 2012 México vivió una especie de "primavera" de la participación ciudadana, en la que muchas personas se ofrecieron para ser funcionarios de casilla, para vigilar las actividades de los partidos en campaña y el día de las elecciones, y hasta se organizó el primer debate ciudadano de la historia de nuestro país (al que, conviene recordar, el candidato ganador fue el único que no asistió). Aquí pueden leer mi colección de textos sobre la transición presidencial de 2012, incluyendo el movimiento Yo Soy 132. Pero, como dice Juan Luis Hernández de Eme Equis [leer texto completo aquí]: "La vieja cultura política autoritaria es demasiado pesada."

Hoy, a un año del regreso del PRI, los mexicanos somos menos democráticos. El informe Latinobarómetro ha medido desde 1995 la actitud de los ciudadanos de diversos países latinos frente a los valores de la democracia. La tendencia general en América Latina es hacia un mayor apoyo de la ciudadanía hacia la democracia. En México, el caso es el contrario. Si en el año 2000 un 44% de los encuestados que la democracia era una forma de gobierno preferible a cualquier otra, y en 2002 esta proporción ya iba alcanzado el 63%, para 2011 había descendido al 40%, y este 2013 que termina el apoyo de los mexicanos a la democracia es de sólo un 37%. No sólo eso: México es el país de América Latina en el que más se ha perdido la confianza en la democracia, sólo después de Costa Rica [leer el informe completo aquí]. Cuando se pierde la cultura democrática la vuelta a los regímenes autoritarios es un peligro latente, como dice Darío Ramírez en su columna de Sin Embargo [leer completa aquí]: "El desencanto con la democracia allana el camino hacia el autoritarismo basado en el miedo de la sociedad, y parece ser que para allá nos dirigimos. Veo pocas señales de cómo se puede frenar la avasallante maquinaria priísta."

Quizá hayan escuchado acerca de la ley anti-protestas en el DF, la cual pretende regular las manifestaciones públicas y masivas de descontento en la capital del país. La ley ordena que las manifestaciones se realicen previa solicitud de un permiso, dentro de horarios establecidos y fuera de las principales vías de la ciudad. Además, se faculta a las fuerzas policiacas a disolver la manifestación si ésta "altera el orden público" [leer más aquí]. Basta entonces que un grupo de porros infiltrados (estrategia típica del PRI) cometa algún acto de vandalismo para justificar que la fuerza pública disuelva toda una manifestación.

Esta iniciativa de ley ha sido criticada por diversas organizaciones nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos, pues la protesta es uno de los principales derechos garantizados en toda verdadera democracia [ver aquí]. Aquí les pongo un extracto de lo que Amnistía Internacional, ha declarado al respecto [leer comunicado completo aquí]:

La organización considera que la propuesta de ley como está actualmente redactada atenta contra el derecho de libertad de expresión y asociación tal y como han sido establecido por las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos y podría resultar en el uso aún más frecuente de la fuerza excesiva por parte de la policía. 

Esta ley impondría un régimen legal que no garantizaría el derecho a la manifestación pacifica sin discriminación al previlejar el uso de espacios públicos para los intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestantes pacificas. La Comisión Interamericana de derechos humanos ha señalado que esto es incompatible con las obligaciones de derechos humanos.

El Relator de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas ha recomendado que las manifestaciones no deban ser sujetas a autorización previa, sino como máximo a notificación. 

La propuesta de ley actual no establece estas condiciones. Por el contrario, emplea terminología ambigua para definir manifestaciones; limita las manifestaciones legitimas a las que tienen un objetivo conforme con “las buenas costumbres”; el “aviso” requerido en realidad constituye una autorización con criterios confusos y potencialmente arbitrarios; impone límites de horas (de 11:00 a 18:00) y lugares sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad; podría resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en que casos en que solo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia.

Es de recordar que elementos de la policía implicados en tortura y maltrato y detenciones arbitrarias documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no han rendido cuentas ante la justicia. Esta impunidad manda un mensaje de tolerancia de abusos contra los manifestantes y pone entredicho el compromiso de las autoridades de prevenir el uso excesivo de la fuerza.

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades mexicanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.

Éste es el reflejo de una tendencia global, sin duda como respuesta a la ola de protestas ciudadanas que se vivieron entre 2011 y 2013 en diversos países del mundo. No sólo naciones con regímenes abiertamente represivos como Egipto y Baréin han pasado leyes que criminalizan la protesta pública, sino también naciones como España, Reino Unido y Canadá. Un artículo de Richard Seymour, del diario británico The Guardian concluye en que estas medidas, congruentes con la lógica del neoliberalismo, son una amenaza para la democracia a nivel global [leer texto completo aquí], lo mismo que un texto publicado en el español El Diario [completo, aquí]:

Salvando todas las distancias necesarias, es innegable que la tendencia a restringir los movimientos de la ciudadanía es global y apunta a un alarmante triunfo del autoritarismo en la relación entre gobernantes y gobernados. [...] El hecho de que países con un historial democrático como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido promuevan recortes en derechos y libertades fundamentales, sólo puede servir para dar alas a quienes nunca han mostrado respeto por esos mismos derechos y libertades. No parece lógico esperar que estos emprendan el camino contrario, mientras la libertad de expresión y asociación pierde terreno globalmente.

Bien, yo antes he criticado las manifestaciones y protestas como estrategias insuficientes si no forman parte de un programa más amplio, porque son fácilmente ignoradas, o satanizadas, o reprimidas. La mala experiencia de las manifestaciones de la CNTE, que afectaron gravemente a terceros, sin duda hará más fácil que la población acepte este tipo de medidas.

En una sociedad en la que los lazos de solidaridad se han roto es ya de por sí difícil hacer ver que la lucha por la justicia de un grupo merece el apoyo de toda la comunidad. Pero cuando dicho grupo entra en una cerrazón total y está convencido de que su causa es tan obviamente justa que no es necesaria la autocrítica ni revisar las estrategias, de forma en que estorba y afecta la vida cotidiana de las demás personas, ese convencimiento resulta poco menos que imposible. O, dicho de otra forma, la estrechez de miras de algunos grupos de oposición, su obstinación y su incapacidad para revisar sus propios métodos y discursos, le ha ganado la antipatía y el temor de mucha gente común, que bien podrían haber sido sus aliados o simpatizantes.

No obstante, nunca debemos perder de vista que la protesta pública es un derecho civil y un elemento fundamental de la democracia. Algunos pueden ver estas medidas autoritarias como una forma de garantizar la paz y el orden público en las ciudades, libres al fin de las molestas manifestaciones. Otros lo vemos como una forma más en la que a los ciudadanos se nos quita la voz. Tenemos de por sí en este país espacios mínimos en los se nos permite hacernos escuchar. Prácticamente se nos limita a votar cada tres años, eligiendo entre tres opciones (las demás son de broma, lo sabemos bien) que si bien no son exactamente iguales (considero al PRI siempre la peor opción), para efectos prácticos vienen a ser más o menos lo mismo. Una vez dopositado nuestro voto, no se nos vuelve a pedir la opinión para nada y las autoridades electas operan como si se les diera cheque en blanco y no tuvieran que rendir cuentas a la ciudadanía, esperando que nosotros cumplamos bien el papel de niños calladitos y bien portados.

La calle ha sido hasta ahora uno de los pocos espacios en los que el descontento de la ciudadanía podía expresarse; ahora se verá reducido, ya ni eso nos va a quedar. Como lo expresa la columnista Ximena Paredo:

El problema más elemental de nuestra democracia es que no existe lugar para que el ciudadano común proyecte su opinión y participe así en algún conflicto de trascendencia pública. La representación democrática es un rotundo fracaso del sistema liberal.

Es decir, una tunda nos cae encima y no existe espacio para hablar de ello, ni para plantear alguna salida de emergencia, ni siquiera para ponernos a salvo. El ciudadano sin un espacio para plantear a su sociedad sus ideas y sus propuestas de acción está condenado a la implosión. En otras palabras, está obligado a verter su frustración y hartazgo sobre su esfera privada y a asumir una suerte de parálisis que lo convierte en mero observador. En suma, somos fácilmente arrastrados a donde no queremos ir.

A nuestras espaldas

Así, con esas facultades que los ciudadanos no pueden regular, los gobernantes toman decisiones y llevan a cabo acciones cuyas consecuencias nos afectan a todos, pero sobre las que no podemos decir nada. Más aún, toman esas decisiones a nuestras espaldas, sin discusión pública, con el mínimo de comunicaxión posible, en el menor tiempo posible (para no darnos la oportunidad de reaccionar), y durante días llenos de distractores (vacaciones, fiestas religiosas, torneos de futbol).

Por ejemplo, en secreto México se ha incluido dentro de un convenio internacional llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), una más de esas legislaciones que pretenden otorgar mayor poder a las corporaciones para regular los contenidos de Internet y a la vez disminuir las libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Un artículo de Animal Político explica [leer artículo completo]:

En la forma, el TPP tiene la misma falla que ACTA: ha sido negociado en secreto para la sociedad civil y abiertamente para las corporaciones. Lo anterior refuerza la asimetría de diálogo y participación de los ciudadanos en políticas que les afectan en su vida cotidiana.

[...]

Además los nuevos acuerdos negociados fuera de los foros internacionales más públicos e idóneos trastocan entre otras cosas derechos fundamentales como los de libertad de expresión, al tratar de regular Internet y otros medios con el pretexto de preservar los derechos de propiedad y propiedad intelectual.

Se trata, por ejemplo, de asumir que la fórmula “más mercado, menos estado” es la única válida cuando se habla de comercio transnacional. El problema es que estos acuerdos no están del todo preocupados por los derechos de propiedad o cualquiera de sus argumentos. Centralmente, como vemos en la última filtración del TPP, la preocupación principal es la de restringir la capacidad de los estados para regular y poner impuestos a las corporaciones. Con su activa participación en la configuración de estos acuerdos, las corporaciones tratan de ganar en lo oscurito lo que no pudieron ganar en el debate público.

No es lo único que se negocia a nuestras espaldas. La reforma política, aprobada durante la madrugada del miércoles 4 de diciembre como parte de un pacto entre el PRI y el PAN, el cual a cambio le dio su apoyo al primero con sus planes de aprobar la reforma energética antes del 15 de diciembre [leer aquí].

Y no es que la reforma en sí sea algo malo: tiene algunas cosas positivas, como que ahora los partidos necesitan más votos para mantener el registro y que se reduce el tiempo entre las elecciones y la toma de poder; otras cosas serán controvertidas, como que se permitirá la reelección de presidentes municipales (lo que abre las puertas a la eternización de los caciques en el México rural). 

Otras medidas, finalmente, que incumben directamente a la democracia quedaron sin tocarse o se abordaron de forma insuficiente, como la ambigüedad respecto a las condiciones necesarias para probar un caso de rebase de límites para gastos de campaña (lo que sería causal de nulidad de elecciones). Y no hay modificaciones en cuanto a los plurinominales, la segunda vuelta, los referendos o los plebiscitos, asuntos que afectan la representatividad y la participación ciudadana.

Pero el menor de los problemas aquí no es esas maneras de furtividad con las que se realizan estos pactos, siempre entre cúpulas, siempre en las sombras, dejando fuera a la ciudadanía, reduciendo su papel al de "votas y te vas". Tampoco es ése el menor de los problemas con la reforma energética.

La apropiación petrolera

Dejemos de lado el patrioterismo, la nostalgia histórica y los argumentos estatistas esgrimidos en contra de la reforma energética. Sé que muchos allá creen honestamente que la inversión privada en la industria del petróleo es algo benéfico, y tienen muchos buenos puntos para decirlo; sé también que en muchos países se permite y que les va bastante bien con eso (Brasil y Noruega suelen ser los ejemplos más citados). El problema va más allá del debate clásico entre izquierda y derecha, y se encuentra más en el cómo se está llevando a cabo esa reforma: tiene que ver con la corrupción gubernamental, sindical y corporativa y las nulas medidas que esta reforma está proponiendo para mantenerlas al mínimo posible.

Es más, tomemos las palabras de una de las figuras señeras de la derecha mexicana, el senador del PAN, Javier Corral [leer el texto completo aquí]:

La experiencia privatizadora no ha conseguido ni mejores servicios, ni precios más baratos, no hay una mejor redistribución de la riqueza, ni el país ha crecido como se ofreció. Se dice que las empresas en manos del Estado son corruptas e ineficientes, y cierran los ojos ante el hecho de que entre las más depredadoras están varias de las trasnacionales petroleras privadas. 

Por supuesto que estoy de acuerdo en una modernización del sector, pero esa reforma necesaria sólo debía aprobarse si realmente se propusiera erradicar la corrupción en el sector energético. Debemos conocer las obras que se realizarán con los recursos que se suponen recibiremos. Debemos otorgar autonomía plena a los órganos reguladores que controlarán el sector de energéticos e hidrocarburos para que en ningún momento desaparezca la rectoría del Estado en materia energética.

Por eso las prisas que hoy vivimos, surgidas del Pacto por México, generan las peores condiciones para dar leyes que demanda el mexicano y mexicana de la calle que ya están hartos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental.

Si por las prisas que el presidente Peña Nieto, que impuso al Congreso 100 días para aprobarla, generamos con esta Reforma un mercado sin regulaciones ni supervisión estaremos propiciando una mayor debilidad del Estado. Estaremos condenando al país a sufrir un capitalismo salvaje que haga trizas el orden político ya de por sí debilitado. El Estado será incapaz de gobernarse a sí mismo.

Luego está el hecho mismo de cómo fue llevada a cabo esta reforma. Se violaron acuerdos alcanzados en el tan mentado Pacto por México, y como dice el mismo Corral, "Si del Pacto al Congreso se caen los compromisos esenciales, ¿qué pasará del tránsito de la reforma Constitucional a las leyes reglamentarias que sólo requieren de mayoría simple, y por lo tanto las negociaciones se reducen a la búsqueda de unos cuantos legisladores?".

Para un análisis serio de la reforma, les invito a escuchar las sendas mesas de análisis que se llevaron a cabo en las dos semanas pasadas, la primera con Lorenzo Meyer, Carmen Aristegui y Denisse Dresser; la segunda con los mismos Meyer y Aristegui, pero esta vez con Sergio Aguayo. Para escuchar el audio de esta segunda mesa de análisis, hacer click aquí; a continuación le dejo los videos de la primera mesa:

  

 

En resumen, Meyer, Aguayo y Dresser (Aristegui interviene más bien poco) coinciden en sus preocupaciones. En primer lugar, la pérdida de autonomía para el país al ceder el control sobre uno de sus recursos estratégicos (los hidrocarburos son uno de los factores más importantes en la política global). La llegada de corporaciones trasnacionales, que no tienen un buen historial de respeto por las leyes de los países a los que llegan, o de aprecio por el medio ambiente, implica también la entrada al juego de nuevos poderes fácticos, que quedan por completo fuera del control de los ciudadanos mexicanos y que tendrán enormes recursos para cabildear o presionar al gobierno, o para incidir en las elecciones, como ya lo hacen otras corporaciones.

La iniciativa privada, sin regulación, puede llegar a ser tan rapaz e ineficiente como lo ha sido el gobierno mexicano. Entre los ejemplos recientes de privatización está el caso de Telmex, un monopolio que ha permitido la acumulación de una de las riquezas más grandes del mundo, y que tiene a los mexicanos sujetos a tarifas altas y servicios mediocres. O tenemos el caso de los bancos, vendidos a amigos que no supieron administrarlos, y luego los ciudadanos tuvieron que rescatar a la banca pagando con sus impuestos el Fobaproa. O los ferrocarriles mexicanos, que cuando se privatizaron dejaron de existir en gran parte de la República como el medio de transporte barato y eficiente que era. Y hoy por hoy, tenemos casos de exfuncionarios públicos, notables promotores de las reformas, que ya han sido contratados por las empresas petroleras. Con estos antecedentes y con lo que vimos más arriba acerca de los índices de corrupción que prevalecen en este país, y si además le niegan voz y voto a la ciudadanía, ¿podremos confiar en cómo y a quiénes se les otorgarán las licencias y permisos para la extracción del petróleo? ¿Podremos contar con que se vigilará que las compañías petroleras cumplan las leyes mexicanas y respeten al medio ambiente?

No, los intereses que se atienden aquí no son el desarrollo y el crecimiento de México, sino los de las patroleras y de los políticos coludidos con ellas. Todo pinta para que nuestra experiencia sea más parecida a la de Nigeria o las ex-república soviéticas que a la de Noruega.

La lógica con respecto al petróleo sigue siendo la misma: se piensa en cómo seguir sacando más, pero no en cómo usarlo mejor, o en cómo administrar de forma más eficiente las riquezas que se generan de él. Ni siquiera se aborda seriamente el incómodo hecho de que el petróleo se va acabar antes de que termine el siglo XXI y que más vale que empecemos a reducir nuestra dependencia de él y a buscar nuevas fuentes de energía. La reforma energética contempla el uso de una técnica de extracción conocida como fracking, que, como dice El Economista [leer artículo completo aquí]:

Sin embargo el tema de la explotación del gas lutita o gas shale mediante el fracking es un asunto de la mayor importancia para el país. Lo es por dos aspectos: la ambición por encontrar y explotar territorios que contengan dicho recurso, abre la puerta al despojo de territorios, tal como ahora ocurre con proyectos mineros, turísticos, o de proyectos de infraestructura estatal. El segundo, es que se trata de una tecnología de explotación de recursos energéticos, altamente contaminante y dañina al medio ambiente.

En la propuesta de reforma energética de Peña Nieto se ignoran estos peligrosos aspectos de despojo y daño medioambiental que puede acarrear esta tecnología. Por el contrario, se la ve como una oportunidad de ampliar las reservas energéticas del país.

[...]

La Alianza Contra el Fracking ha identificado varios aspectos que impactarían severamente al medio ambiente. Una de las objeciones principales de dicha alianza es que el fracking consume agua de manera intensiva. Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. “La explotación de los 20,000 pozos anuales que se está planteando, supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año”, y ello supondría la disminución de agua disponible para uso de la población, sostiene dicha alianza.

Además el fracking implica el uso de compuestos tóxicos añadidos al agua para facilitar el proceso de fractura, lo que contamina mantos freáticos. “En total, se han identificado más de 2,500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación. Los expertos señalan que más del 25 por ciento de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37 por ciento afectar al sistema endocrino, el 50 por ciento dañar el sistema nervioso y el 40 por ciento provocar alergias”. Por si fuera poco, la liberación de gas metano implica un aumento sustancial de los efectos del calentamiento global y por tanto del cambio climático. 

En conclusión, no hay motivos reales para suponer que, como pregona la propaganda gubernamental, esta reforma traerá más empleos, precios bajos en la gasolina y la electricidad, u otros beneficios para el grueso de la población mexicana. Por el contrario, todo indica que enfrentaremos más problemas de corrupción, una mayor erosión de la democracia, una aún más desigual distribución de la riqueza, y mayores problemas de contaminación ambiental. Peor aún, sin el petróleo como el gran proyecto colectivo que unía a los mexicanos (aunque fuera como un ideal), se pasa a una nueva etapa de intereses individuales, de "cada quien tome lo que pueda". Y así, lo que nos espera es una aún mayor descomposición del tejido social. Como siempre, las consecuencias de la negligente ambición presente, tendremos que pagarlas en el futuro.

¿Dónde está la oposición?

La izquierda partidista se ha mostrado incapaz de preservar lo poco de Estado de bienestar que queda en este país. Enfrentada y dividida, no tiene la voluntad de lograr acuerdos entre sus diferentes sectores, como vemos en la negativa de Morena de sumar esfuerzos con el PRD para oponerse a la reforma energética: seguirán luchas paralelas [aquí]. El infarto que sufrió Andrés Manuel López Obrador evidenció la fragilidad del movimiento que ha construido en torno a su persona, como sucede siempre con los movimientos caudillistas. La actuación de los legisladores de izquierda resulta vergonzosa, utilizando métodos propios de la porra, como el bloqueo a las cámaras para evitar las sesiones [aquí], los manotazos a los que llegaron dos legisladoras, o el ridículo desplante del diputado Antonio García Conejo, que se desnudó frente a la cámara para "ilustrar" el despojo que estaba por sufrir México [aquí]:

Imagino que se sintió muy listo cuando se le ocurrió hacer esto... "Ya sé: me desnudaré públicamente; con esto seguro frenamos la reforma".

¿Son éstos los payasos con los que contamos para que los principios de izquierda sean defendidos ante las instituciones? ¿Son ellos los que van a funcionar como contrapeso a la maquinaria priista? Tampoco podremos contar ya con el gobierno del Distrito Federal. Como dice Darío Ramírez en su ya citada columna:

Desde hace 12 años el gobierno de la Ciudad de México había sido un contrapeso político al ejecutivo federal. Una oposición de facto que creaba contrapesos en el delicado ambiente político. Ese contrapeso ha desaparecido. El Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Ángel Mancera, se ha desdibujado por su alineamiento (algunos le llaman trabajo coordinado) con el presidente Peña. Lo cierto es que Mancera cada vez más actúa como si fuera regente capitalino y no como jefe de gobierno.

Los diversos movimientos de oposición están divididos entre sí, a pesar de que todos tienen en común que se enfrentan al proyecto entreguista y autoritario del gobierno de Peña Nieto. Cada uno lucha por los intereses y causas de su propia "tribu", se niegan a negociar con los otros, a considerar los los derechos e intereses de los demás (a los que no les importa prejudicar) o a hacer autocrítica de sus métodos y actitudes (como insistir en hacer marchas y plantones, sin idear estrategias nuevas), a pesar de los fracasos y del desprestigio en el que muchos han caído a los ojos de buena parte de la ciudadanía. 

En las redes sociales, el único espacio que nos quedará para expresar descontento una vez que se nos niegue la calle, quienes se oponen a las políticas del gobierno en su mayoría prefieren compartir memes humorísticos o noticias superfluas que difundir o leer información profunda y análisis serios que les brinden las armas para argumentar contra lo que se quejan. Así, Facebook y Twitter se inundan de "noticias" sobre errores y deslices cometidos por el presidente, que en muchos casos son falsas, y en todos son completamente irrelevantes: ya sabemos que Peña Nieto es un idiota, no necesitamos acumular más evidencias al respecto.

Igualmente en las redes sociales, los temas que despiertan indignación pasan de moda rápidamente o se convierten en chiste. Como señala Ramiro Rivera en Sin Embargo [leer completo aquí]:

La fuerza de convocatoria que existe en la red hace que los movimientos sociales, que hace años llevaban semanas y meses en difundirse, lleguen a todo mundo en cuestión de horas. Sin embargo, con la misma facilidad con la que crecen desmesuradamente, desaparecen también, muchas veces sin dejar rastro. La viralidad, entonces, se convierte en un fenómeno que cobija modas en Internet y, sin importar que se traten de auténticas revoluciones, sólo pasan a formar parte de un archivo de tendencias que constantemente se va renovando.

No todo está perdido

El ya mencionado texto de Darío Ramírez concluye con el siguiente párrafo:

Mi intención no es denostar los valientes, necesarios y loables esfuerzos que hay y que buscan proteger nuestras libertades, denunciar atropellos, demandar justicia, ser las voces del disenso. Éstos los hay y son fundamentales. Sin embargo, es necesario vernos en el espejo y saber que nuestra historia como país conlleva un alto grado de autoritarismo. En otras palabras, los derechos humanos y libertades nunca han sido elementos rectores en nuestro sistema político y social. Han sido monedas de cambio de partidos políticos, lemas de campañas políticas, dádivas gubernamentales, pero jamás intereses del Estado mexicano. Entonces la perspectiva para el segundo año de Enrique Peña Nieto es reconocer que estamos para defender lo que se ha ganado, difícilmente podremos conquistar nuevas libertades en los próximos años.

Por su parte, Juan Luis Hernández, en su columna de Eme Equis, declara:

Pero no todo está perdido. México también es un lugar donde muchos trabajan anónimamente por la democracia, defienden los derechos humanos, combaten con buenas prácticas a la corrupción, forman ciudadanos. No podemos permitir que México se quede en el pantano. Necesitamos recuperar el protagonismo social necesario para cambiar las reglas del juego y con ello seguir luchando por la sociedad y el país que merecemos.

Por Internet se multiplican contenidos que ridiculizan a la oposición y a los movimientos de protesta. Estar con los que se quejan no es cool hoy en día; burlarse de ellos permite adoptar una postura de superioridad intelectual que resulta muy tentadora para muchos. 

Otros contenidos manejan un discurso sobre ponerse a trabajar y preocuparse por los propios problemas en vez de hacer escándalo. Por supuesto que cada uno de nosotros debería dedicarse a lo suyo (su educación, su trabajo, su familia) con el mayor empeño posible, y nunca descuidar sus responsabilidad. También ser honestos y corteses en nuestro trato con los demás. Es obvio que si lleváramos esto a cabo tendríamos una mejor sociedad. 

Pero el peligro está en querernos convencer que ello es suficiente. Como ya había expresado en un anterior análisis sobre la situación actual de México, puedes trabajar arduamente en tu empleo, pero tu enorme esfuerzo no rendirá tantos frutos si un gobierno corrupto reduce los derechos laborales, o jode a la economía de tal forma que se devalúa la moneda y se encarecen los productos que compras. Puedes ser un ciudadano muy respetuoso de la ley que nunca se mete en problemas, pero eso no te será de consuelo cuando seas víctima de un delito y las autoridades incompetentes no hagan nada por ayudarte.

Quieren convencernos de que los problemas son individuales, que individualmente somos culpables de los males que le ocurren a nuestro país. Y en parte lo somos, porque un pueblo tiene al gobierno que se merece y cada sociedad elige a sus propios tiranos. Pero lo que se pretende con ese tipo de discursos es quitar la atención de las barbaridades que cometen quienes están en el poder para centrarnos en nuestra culpa, nuestra grande culpa. Una sociedad no es sólo un conglomerado de individuos, es también la suma de la relaciones entre esos individuos y de las acciones que conjuntamente llevan a cabo. No basta con que lo hagas tú solito para ti, son necesarias acciones colectivas. La vigilancia, la crítica, exigencia y el reclamo a las autoridades son también parte de los deberes de un ciudadano.

Por otro lado, tampoco sirve la postura de "¡vamos a berrear hasta que el gobierno nos haga caso y lo resuelva todo!". En cierto sentido, organizar una marcha o un plantón es un gran trabajo, pero asistir a uno es cosa relativamente fácil y cómoda, sobre todo si eso es lo único que el "activista" en cuestión hace. Pues sólo ir a marchar y gritar consignas es al fin y al cabo tan inútil como sólo ir a votar. Y sí creo que el voto y las manifestaciones pueden ser útiles, pero son insuficientes por sí mismos.

El año pasado México vivió una primavera de participación ciudadana que se diluyó en el desencanto y al final casi sólo la izquierda de siempre se quedó en él. Pero es que el espíritu detrás del Yo Soy 132 debía dar para más que un sólo movimiento espontáneo y efímero: debía convertirse en un paradigma que guiara una nueva forma de relacionarnos entre nosotros y con el poder. Urge rescatar esos principios si queremos rescatar la incipiente democracia que empezamos a construir apenas en este siglo.

Veo que al final no fui tan imparcial como prentendí al principio del texto. Pero es que no se puede ser imparcial, no puede mantenerse uno inmutable ante la injusticia, la corrupción, el autoritarismo, el saqueo y la impunidad. Yo estoy bien pinche indignado. ¿Tú no?